Sin extremos
Catalina Ortiz
Mayo 7, 2020
Avianca finalmente le pidió auxilio al Gobierno y hay quienes dicen que se están dado conversaciones a puerta cerrada entre los ministerios de Hacienda y Transporte para buscar diversas alternativas que permitan que el Estado colombiano se quede con una parte de la aerolínea. Se dice que la cifra estaría entre 500 y 600 millones de dólares.
La noticia despertó toda clase de reacciones, especialmente en redes sociales donde odios y amores están a flor de piel. Pero yo sí creo que una decisión como esta, que puede impactar de tal manera la productividad de Colombia, merece un análisis pausado y sin tanta ideología.
Comencemos, pues, a explorar por qué se debería lanzar un salvavidas a Avianca. Lo primero que hay que decir es que las empresas no son de donde tienen su registro en cámara de comercio, son de donde generan sus empleos y tienen sus activos. En este caso se salvarían 17.000 empleos entre directos e indirectos.
Segundo, tiene sentido que el Gobierno quiera supeditar la compra de Avianca a la entrada de insolvencia de la empresa al Chapter 11 o Ley de bancarrota en Estados Unidos, así se asegura que se arreglen las deudas y ahí sí pagar lo que vale la compañía. No se puede correr el riesgo que con la plata de los colombianos se termine salvando a los inversionistas, pagando un barril sin fondo de deudas y adquiriendo una empresa que queda en nada.
Tercero, un país que no tenga una aerolínea funcional, con buenas rutas, es un país que pierde en competitividad. Avianca es un activo estratégico para Colombia que facilita conexiones y promueve el turismo, claro que pueden llegar otras pero se perdería el knowhow. Indudablemente es la empresa que más rutas tiene en el país. En 2019 la aerolínea movilizó el 50% de los pasajeros nacionales y el 43% de pasajeros internacionales en el país.
Por último, pero no menos importante. Hay que tragarse el sapo de que hoy Avianca no genera renta en Colombia, sin embargo no se puede desconocer que genera 3 billones de pesos aproximadamente en tributos, lo que equivale al 2% de los ingresos tributarios anuales de 2019. Además tiene 1.200 proveedores entre pequeñas y medianas empresas.
Ahora bien, revisemos los argumentos en contra. Primero, debemos ser francos en que financieramente la inversión en Avianca es riesgosa. No se asegura la rentabilidad de la inversión, pues la empresa tiene problemas desde la caída del precio de las exportaciones en 2016 y el paro de pilotos. Es decir, el covid-19 ha agravado su situación, pero sin él la empresa igual estaría mal.
Segundo, los recursos que el Estado colombiano invierta en Avianca se podrían utilizar en otras inversiones estratégicas como infraestructura de conectividad, por ejemplo. Después de la pandemia se necesitará inversión para reactivar la economía y se debe priorizar lo que más le convenga al país y lo que cierre las brechas de atraso de años. Al fin y al cabo, Avianca no presta un servicio esencial de forma exclusiva.
Tercero, la coyuntura de Avianca es una oportunidad para potenciar aerolíneas con domicilio en Colombia y aumentar la oferta en términos de conectividad para todos los lugares del país con precios más competitivos. Que la oferta dependa de una sola aerolínea no es un buen síntoma para los consumidores y menos en tiempos de crisis.
Finalmente, me parece importante dejar claro que una mano del Estado colombiano debería ser la última opción para salvar a Avianca. Pero la realidad es que al tener la mayoría de su flota a través de leasing, la inyección de capital de un privado no parece ser la alternativa más realista.
En tiempos de crisis todos los sectores reclaman una mano. Lanzar un salvavidas a Avianca ciertamente merece un análisis objetivo.