No ahoguen las empresas
Catalina Ortiz
Julio 22, 2021
Luego del estallido social que vivimos por cuenta de una reforma tributaria desconectada de la realidad del país, estamos otra vez en una discusión sobre el enfoque, pertinencia y alertas que surgen ante una nueva tributaria.
Esto, por supuesto, entendiendo que el escenario económico no da tregua y que, por tanto, es necesario pensar en cómo tripular el país en su situación actual: un déficit fiscal de 7.8% del PIB en 2020, un desempleo que para mayo llegaba al 15.6% y un 42.5% de la población sumida en la pobreza.
Sin duda, lo primero que hay que advertir sobre esta tributaria es que no es una solución estructural a la compleja situación que vive Colombia, sino simplemente una reforma pasajera: una que busca conseguir recursos por 15.2 billones en el corto plazo para saldar algunas deudas y atender el diario.
Esta baja ambición pareciera más interesada en tener la caja necesaria para inyectar recursos para aceitar maquinarias y repartir subsidios temporales que en hacer una reforma estructural y responsable para el futuro del país. Aunque el Gobierno es consciente de que se necesita una reforma profunda que apunte a cerrar las brechas sociales, lo que se prefirió fue hacer una reforma fácil para asegurar el triunfo en el legislativo.
Como siempre en Colombia, la reforma estructural se le pasa como papa caliente al próximo Gobierno quien heredará unas finanzas muy precarias y tendrá que presentar otra tributaria en menos de dos años.
Esto se suma a la preocupación de que esta nueva tributaria impone una tarifa de renta con sobretasa que llega al 35% (la actual es del 31%) a todas las compañías, sin distinción de ingresos, tamaño y/o dificultades, cuando en los países de la OCDE es del 22%. Esta tarifa resulta muy gravosa para la mayoría de los empresarios colombianos que apenas están sacando la cabeza después de la crisis.
Finalmente, el sistema tributario propuesto no corrige las inequidades, pues existen beneficios que siguen permitiendo unas tasas efectivas muy bajas a las personas naturales más ricas de la sociedad. Vale recordar que en el promedio de los países de la OCDE son las personas naturales las que financian el 70% del impuesto, mientras que en Colombia son las empresas las que asumen el 75.8%.