Representante Catalina Ortiz

Sin extremos

Concesión sastre

Catalina Ortiz
Noviembre 12, 2019

Cuando me estrené en el Congreso de la República, hace poco más de un año, y comencé a trabajar por mejorar la conectividad del Valle del Cauca, uno de los temas que más me llamó la atención fue la manera como se adjudican las obras de infraestructura en Colombia.

Las llamadas Asociaciones Público Privadas (APP) de Iniciativa Privada (IP) son un mecanismo de financiación de proyectos de interés público, donde el privado “originador” diseña las condiciones que deberá tener la concesión del mismo. Este mecanismo no tiene los requisitos para garantizar la competencia y el manejo de todos los riesgos en la adjudicación de megaproyectos, como es el caso del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali.

Para decidir si una APP de Iniciativa Privada es la mejor alternativa se debe usar un comparador, para determinar qué hace más sentido para esa obra en particular. ¿Adivinen quién entrega la información para realizar el comparador? ¡El mismo privado! Al ser una iniciativa privada el concesionario propone las condiciones, la estructuración del negocio y lo que es peor, en el caso del aeropuerto, también tienen a su cargo el Plan Maestro del Aeropuerto (PMA), que es la hoja de ruta y proyección a largo plazo del proyecto. Es cierto que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) puede aprobar o negar, pero lo cierto es que hoy hay aproximadamente 203 proyectos en la ANI y es válido preguntarse si hay con quien revisarlos todos.

La delicia mayor para quien se “gana” una IP es la “ausencia de competencia”. Lo más seguro es que no se vaya a presentar nadie a pujar por el aeropuerto o la carretera. Según datos de la ANI de las 172 APP de iniciativa privada, solo en dos se ha presentado un tercero interesado y solo en una ha ganado un tercero, obra suspendida por pacto entre terceros. Esto porque la normatividad otorga solo seis meses para que los terceros interesados estudien el proyecto y presenten oferta, permitiendo al “originador” igualar hasta en un 20% de la calificación de la mejor propuesta.

Nada de esto es ilegal. Aerocali, que ha sido criticado por varias voces en el Valle por sus resultados como operador del aeropuerto, está próximo a que se le adjudique la administración del aeropuerto por los próximos 20 o 30 años. Esto no es personal, lo que pedimos los vallecaucanos es: incentivos y condiciones para atraer y retener aerolíneas de bajo costo, comprar con tiempo los terrenos de la segunda pista, asegurar la infraestructura con base en un buen PMA, que se piense en el crecimiento y la oportunidad de atraer negocios como el de carga aérea, entre otros.

A los vallecaucanos nos están dejando una concesión diseñada a la medida del originador. Necesitamos que el nuevo operador del aeropuerto garantice las condiciones para atraer nuevas inversiones, para que se creen nuevas rutas aéreas que nos permitan conectarnos con Colombia y el mundo y para que regresen las aerolíneas de bajo costo. ¡Una concesión sastre no favorece el desarrollo de la región!